Coordinadora de Investigación del Informe Estado de la Justicia
Programa Estado de la Nación-CONARE
Magistrada Presidente de la Sala Penal
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, México
Coordinador regional de apoyo a países, Américas
Open Government Partnership (OGP)
Líder de políticas y Asociaciones
Open Government Partnership (OGP)
Jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n.° 13.
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Juez de la Primera Sala
Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana
Director Ejecutivo
Fundación Ciudadanía y Desarrollo capítulo de Transparencia Internacional
Coordinadora de Proyectos
Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA)
Directora General
Oficina de estadísticas Corte Suprema de Justicia de Argentina.
Directora Ejecutiva
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Se ha desempeñado como Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana desde 2019. Es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Chile. Anteriormente, fue Director Ejecutivo de la Escuela Nacional de la Judicatura y fue el primer Secretario General de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Desde 2012 hasta 2016, fue Viceministro de la Presidencia, y en 2018 se convirtió en Presidente del Consejo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Ha trabajado con el Banco Mundial y la Unión Europea en iniciativas para modernizar los sistemas de justicia y promover la educación legal y la justicia digital en América Latina.
Es Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, por la Universidad de Costa Rica. Se desempeña como coordinadora de investigación del Informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación-CONARE. En donde se ha especializado en metodologías participativas de investigación aplicada en temas judiciales y otras temáticas relacionadas con la democracia y ciudadanía. Las publicaciones y proyectos a cargo se han desarrollado tanto en Costa Rica, como en Centroamérica y República Dominicana. Es presidenta de la directiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL-Mesoamérica) y socia fundadora de la Asociación Costa Rica Íntegra (capítulo de Transparencia Internacional en Costa Rica). Ha sido también consultora para organismos nacionales e internacionales en temas de judicial politics, rendición de cuentas, transparencia, corrupción y participación ciudadana.
Es abogada e ingeniera industrial, con maestría en Derecho Público e Instituciones Administrativas. Ha sido subdirectora de la Corporación Excelencia en la Justicia, viceministra de Promoción de la Justicia y consultora de la Alcaldía de Bogotá, el Fondo Colombia en Paz y la Universidad de los Andes, entre otros. Actualmente es magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y profesora de cátedra en la Maestría en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia.
Especialista en justicia abierta, estado de derecho, reforma judicial, y transparencia. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre justicia abierta, reforma judicial y estado de derecho. Ha prestado apoyo técnico a tribunales supremos, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en 20 países de América Latina y el Caribe, a través de instituciones como el PNUD, BID, Banco Mundial, GIZ y NCSC. Es licenciado en Derecho (Universidad Nacional de La Plata), Máster en Estudios Latinoamericanos (Georgetown University) y PhD en Ciencia Política (University of Oxford). Actualmente es el Coordinador Ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
Doctora en Derecho Procesal Civil por la PUC-MINAS, con estancia posdoctoral en la Universidad de Sevilla y en la Facultad de Derecho de Vitória. Magíster en Derecho Administrativo por la UFMG. Especialista en Proceso Penal por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Profesora del Programa de Maestría y Doctorado en Protección de los Derechos Fundamentales de la Universidad de Itaúna-MG. Profesora de Proceso Electoral en el Posgrado de la PUC-MINAS. Profesora invitada de la Universidad Sorbonne-Nouvelle – París 3. Conferencista en temas relacionados con la ampliación y protección de los espacios de participación política de la mujer negra y otros grupos minoritarios, así como sobre el impacto de la revolución tecnológica en la democracia. Miembro de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (ABRADEP). Miembro de la Comisión de Libertad de Expresión de la OAB-MG.
Miembro fundadora del Observatorio Mundo en Red CYBERLEVIATHAN. Autora de libros y artículos jurídicos. Ministra suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE). Coordinadora institucional de la Comisión de Igualdad Racial de la Justicia Electoral. Creadora del Proyecto NEGRAIAR, alojado en el PPGD de la UIT. Abogada.
Tiene 30 años de carrera judicial; se desempeñó como juez penal de adolescentes. Es doctora en derecho, especialista en Justicia Constitucional y docente desde 1999. Autora de dos libros. En su gestión como presidente del tribunal de justicia (2021-2024) impulsó la transparencia y participación ciudadana como componentes de la justicia abierta para lograr conocimiento público y legitimidad del poder judicial. Creó el Observatorio Ciudadano de dicha institución. Estableció una nueva política judicial en materia de rendición de cuentas por parte de los jueces del estado y creó juzgados especializados en violencia contra la mujer.
Juez 3 de Familia desde 2006, propietario del Juzgado de Violencia Doméstica y de Protección Cautelar del Primer Circuito Judicial de Alajuela; máster de la Maestría de Administración de Justicia por la Universidad Nacional de Costa Rica; estudios realizados en la Maestría de Violencia Social y Familiar de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica; especialista en Derecho de Familia y Derecho Procesal de Civil por la Escuela Judicial de Costa Rica; facilitador en la Escuela Judicial en procesos de especialización de Juezas y Jueces de Familia, Pensiones y Violencia Doméstica desde 2017; integrante del Tribunal examinador en FIAJ-Pensiones desde 2015; capacitador del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica en procesos de formación de Juez/a de Familia en 2018; docente Universitario, en la Maestría de Derecho de Familia en la Ulatina desde 2017; Juez 4 Suplente del Tribunal de Familia (2014-2028); integrante de la Comisión de Ética del Colegio de Abogadas y Abogados (año 2018-2019); especialista en perspectiva de género por las Escuelas Judiciales de España y Argentina en 2023; he participado y dirigido estrategias de acceso a la justicia en Juzgados Abiertos y Lenguaje claro.
Pepe brinda guía y asistencia a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe desde 2019, apoyando el desarrollo e implementación de reformas de gobierno abierto. Antes de OGP trabajó por casi una década promoviendo la transparencia y apertura en México: primero a nivel local en el Gobierno del Estado de Oaxaca, y posteriormente en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde diseñó e implementó reformas y proyectos de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, tecnología cívica, rendición de cuentas, anticorrupción y participación ciudadana. Antes de eso, fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados federal de México. Es licenciado en relaciones internacionales por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente está basado en la Ciudad de México, es corredor, activista por los derechos de los animales y vegano.
Adna Karamehic-Oates se unió a Open Government Partnership en abril 2019. Adna apoya los esfuerzos entre equipos para movilizar coaliciones, fortalecer alianzas, proporcionar recursos de conocimiento y apoyo técnico a los gobiernos de OGP, la sociedad civil y otras partes interesadas que aprovechan OGP para avanzar reformas en sectores temáticos prioritarios. Antes de unirse a OGP, Adna pasó 11 años en Open Society Foundations en Washington DC, en la gestión de programas, así como en funciones de promoción centradas en la región de Europa central / oriental, así como en cuestiones de estado de derecho y transparencia / rendición de cuentas a nivel mundial. Después de dejar Open Society y Washington, continuó trabajando en la Millennium Challenge Corporation como consultora independiente y enseñó cursos de asuntos internacionales en la Universidad Fontbonne en St. Louis, Missouri. Adna tiene un doctorado en Globalización y Gobernanza de la Virginia Tech University.
Presidente de la Corte Constitucional del Ecuador (2025 – 2028) y juez constitucional desde 2022. Ex vice rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador (IAEN) y Decano de la Escuela de Derechos y Justicia; Asesor de la Corte Constitucional (2009-2012); y, Coordinador de Investigaciones del CEDEC. Postdoctor en Derecho, Economía y Sociedad Plural; Doctor en Derecho y Magíster en Derecho Constitucional (UASB); Doctor en Jurisprudencia y Abogado; Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador. Profesor invitado de Derecho Constitucional; Argumentación Jurídica y Garantías Jurisdiccionales; y, Control Constitucional en varias universidades. Autor de publicaciones sobre derecho constitucional, interpretación constitucional, crisis bancaria, impunidad y verdad, y sobre la efectividad de los DESCA.
Abogada de la UBA. Especialista en Administración de Justicia. Cursó la Maestría en Magistratura y la Carrera de Especialización en Derecho Penal. Siguió su formación en la Universidad de Salamanca (España), en California Western School of Law (San Diego, EEUU) y en el CEJA (Chile). Se desempeña como Jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 CABA y Directora del Observatorio de Lenguaje Claro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es autora de diversas publicaciones sobre justicia abierta, comunicación clara, derecho procesal penal, juicio por jurados entre otros temas.
Andrew Solomon es un líder en reforma judicial con tres décadas de experiencia internacional, incluyendo su labor como Asesor Principal en Estado de Derecho en USAID. Ha promovido iniciativas locales, políticas basadas en evidencia y programas innovadores para mejorar el acceso a la justicia y combatir la impunidad. Ha trabajado con organizaciones como la American Bar Association, Brookings y ACNUR. Actualmente integra los consejos de ABA/ROLI e IACA. Desarrolla el Rule of Law IDEAS CoLab, una iniciativa colaborativa para impulsar soluciones prácticas en justicia.
Licenciado en Derecho, graduado cum laude de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU); posee una Maestría en Resolución de Conflictos Internacionales de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); se especializó en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), con estudios complementarios en pedagogía, resolución de conflictos y formación judicial. Actualmente cursa un Doctorado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Externado de Colombia (UEC). Es docente de Derecho en la PUCMM desde 1996, donde también dirigió la Escuela de Derecho en Santo Domingo, y ha sido profesor en UNIBE, UASD y ENJ.
Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es la Coordinadora de la Comisión Iberoamericana de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana; además, coordina el Grupo Especializado de Trabajo Ambiental del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe. Dirige los proyectos de Política Ambiental y de Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas. Es profesora de Derecho Ambiental, máster en Administración de Empresas y especialista en Derecho Constitucional, Agrario y en Administración de Proyectos.
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y Magíster en Administración y Política Públicas por la Universidad de San Andrés, Argentina. Es experta en políticas de acceso a la información pública, transparencia y gobierno abierto.
Se desempeñó como Directora Nacional de Acceso a la Información Pública en la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina, órgano garante que crea la Ley de Acceso a la Información Pública. Con anterioridad fue Directora General de Acceso a la Información Pública de la Universidad de Buenos Aires y asesora parlamentaria en las temáticas de su expertisse. Trabajó en organizaciones de la sociedad civil de Argentina donde promovió el tratamiento y sanción de una ley de acceso a la información pública. Tiene experiencia en el diseño de marcos normativos sobre este tema y su correspondiente implementación. Es consultora internacional y autora de diferentes artículos sobre transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Actualmente se desempeña como asesora en la Dirección de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina y es Coordinadora de Proyectos de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).
Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Magister en Derechos Humanos por la Universidad de Catalunya (UOC). Desde 1998 trabaja como especialista en comunicación para el tercer sector y transparencia en la gestión pública. Es Directora de Justicia Abierta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrolló JusBairesAbierto, el primer portal de gobierno abierto del Poder Judicial de la Ciudad y coordina la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA). Fue asesora principal en la Agencia de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional desde su puesta en funcionamiento (2017) hasta fines de 2019. En 2010 ayudó a crear y luego dirigió por 4 años la Oficina de Acceso a la Información Pública de la UBA. Fue directora de comunicación en Amnistía Internacional Argentina y editora del blog de participación ciudadana Plaza Pública en Clarín.com. Trabajó en la organización Transparency International en Berlín, Alemania donde se desempeñó como responsable de Convenciones y acceso a la información y como editora periodística. Previo a eso, dirigió la Agencia de Noticias de Poder Ciudadano, Infocívica.
Investigadora en el área de anticorrupción y transparencia en Diálogos. Su trabajo se enfoca en la promoción de la justicia abierta, el fortalecimiento institucional y el uso de datos abiertos para la rendición de cuentas. Ha desarrollado propuestas de reforma orientadas a mejorar el acceso a la información, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, contribuyendo a una agenda pública basada en evidencia y orientada a la defensa de los derechos humanos.
Politóloga, Científica de datos, especialista en investigación en Ciencias Sociales. Directora General de la Oficina de estadísticas Corte Suprema de Justicia de la Nación. Representante Argentina del Plan Iberoamericano de estadísticas judiciales. Capacitadora en materia de Estadísticas Judiciales en diversos postgrados y carreras de especialización. Redactora del Código de Buenas Prácticas en materia de Estadísticas Judiciales de la República Argentina. Coordinadora del Grupo de Responsables de las áreas de Estadísticas de los Poderes judiciales de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la Junta Federal de Cortes entre 2008 y 2012. Miembro fundadora de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA). Directora metodológica del Índice de Transparencia Pasiva Latinoamericano.
Es abogada por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios en derecho penal, constitucional y derechos humanos en Universidades de Pisa, Sevilla y Birmingham. Desde 2004 ha participado en reformas al sistema de seguridad pública y justicia en México. Es especialista en diseño de marco normativo y políticas públicas con perspectiva de género. Ha trabajado en proyectos con el gobierno, Suprema Corte de Justicia, universidades, sector empresarial, cooperación internacional, organizaciones de sociedad civil y colectivos, impulsando reformas en materia de justicia y derechos humanos en América Latina.
Argentina, socióloga organizacional y consultora especializada en fortalecer organizaciones y redes, tanto estatales como de la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos en Argentina y las Américas. En 2018 asumió la Dirección de Programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, liderando su gestión, desarrollo y fortalecimiento institucional. Su experiencia y capacidad para acompañar el crecimiento de la Red la llevaron a ser designada Directora Ejecutiva en 2023, consolidando su posicionamiento como referente en libertad de expresión y acceso a la información, e impulsando agendas temáticas como las de acceso a la información judicial o el impacto en la libertad de expresión de la violencia de género en línea.
Co-fundadora y directora ejecutiva de DataGénero, el primer Observatorio de Datos de Género en América Latina. Especializada en ciencia de datos para impacto social, lidera el desarrollo de AymurAI, una plataforma de inteligencia artificial que anonimiza y estructura datos judiciales de manera segura y ética. Es docente en la Universidad de Buenos Aires, y profesora visitante de diversos diplomados en UNTREF, UNSAM y UDELAR, donde imparte cursos sobre metodologías de datos con perspectiva de género, AI responsable y tecnología para el impacto social.
Actualmente la Presidenta de la Asociación Internacional para la Gestión de Tribunales, una asociación internacional que promueve la administración y gestión profesional de los tribunales en democracias emergentes y otros países que buscan fortalecer el estado de derecho. También es miembro del consejo del Instituto Internacional para la Excelencia en la Justicia en La Haya, Países Bajos. La Sra. Harris se desempeñó como administradora de tribunales de primera instancia durante 24 años y como Administradora de los Tribunales Estatales de Maryland durante 10 años, siendo responsable de un presupuesto de 750 millones de dólares estadounidenses y aproximadamente 4,500 empleados. La Sra. Harris está comprometida con la integración de prácticas basadas en evaluación en todos los aspectos de la administración judicial, para que las iniciativas de calidad logren los resultados previstos y satisfagan las necesidades del personal judicial y del público al que sirve el poder judicial.