Declaración

En el marco de la Primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, celebrada en Santo Domingo, República Dominicana, los días 27 y 28 de agosto de 2025, se adoptó la Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta, documento que marca un hito en los esfuerzos regionales por consolidar sistemas judiciales más transparentes, participativos, inclusivos y centrados en las personas.

La Declaración reconoce que la independencia judicial, junto con la apertura, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, constituye una condición indispensable para fortalecer el Estado democrático de derecho y la confianza pública en las instituciones. Se subraya que el acceso a una justicia eficaz es un derecho humano fundamental, en consonancia con los principios de legitimidad, integridad y servicio a la ciudadanía que deben guiar a todos los poderes judiciales.

En sus disposiciones, la Declaración establece principios rectores orientados a la participación ciudadana sustantiva, el acceso a la información en formatos abiertos, la rendición de cuentas clara y comprensible y la colaboración innovadora mediante el uso de herramientas tecnológicas con garantías éticas y de derechos humanos. Asimismo, se asumieron compromisos concretos para impulsar políticas de justicia abierta con metas verificables, asegurar marcos normativos y presupuestos adecuados, destinar recursos técnicos y financieros, y fomentar la cooperación regional mediante el intercambio de experiencias, estándares y buenas prácticas.

Del mismo modo, se resalta la importancia de incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad, garantizando la inclusión de mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, víctimas, adultos mayores, juventudes, migrantes y otros grupos históricamente marginados.

La Declaración concluye con un llamado a la acción dirigido a los poderes judiciales, gobiernos, academia, sociedad civil, organismos internacionales, medios de comunicación y sector privado, instándolos a respaldar y acompañar esta agenda transformadora. Para dar seguimiento a estos compromisos, se estableció la conformación del Comité Regional de Justicia Abierta (CRJA), instancia que coordinará la implementación de la Declaración, emitirá informes de avance anuales, convocará diálogos regionales y movilizará recursos para su sostenibilidad.

La Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta fue firmada al cierre de la conferencia por:

• Samuel Arias Arzeno, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana (República Dominicana).

• Carlos Mas Velez, presidente de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) (Argentina).

• Anda Karamehic-Oates, Lead, Policy and Partnerships de Open Government Partnership (OGP) (Estados Unidos).

• Damaris María Vargas Vásquez, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Costa Rica).

• Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) (Costa Rica).

• Mauricio Silva Cancino, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Chile (Chile).

• Mariela Ponce Villa, presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (México).

• Ana María Ramos, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia (Colombia).

• Rosaura Quiñones, directora de políticas públicas del Poder Judicial de la República Dominicana (República Dominicana).

• Álvaro Herrero, coordinador ejecutivo de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) (Argentina).

• Inés Selvood, coordinadora ejecutiva de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) (Argentina).

• Eugenia Braguinksy, coordinadora de proyectos de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) (Argentina).

• Carolina Espinal, técnico en justicia abierta del Poder Judicial de la República Dominicana (República Dominicana).

• Sandra Elena, experta en justicia abierta de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA) (Argentina).

• Juan Manuel Laverde Álvarez, magistrado de la Comisión de Ética, Transparencia y Rendición de Cuentas del Consejo de Estado (Colombia).

• Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana (República Dominicana).

• Evelyn Villareal, coordinadora de investigación de CONARE/Estado de la Justicia (Costa Rica).

• Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo – TI Ecuador (Ecuador).

Con esta Declaración, la República Dominicana y los países firmantes reafirman su compromiso de avanzar hacia una justicia más abierta, íntegra, inclusiva y eficaz, contribuyendo de manera decisiva al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo sostenible de la región.

Si deseas adherirte a esta agenda transformadora, puedes firmar la Declaración de Santo Domingo sobre Justicia Abierta a través del siguiente enlace: https://forms.gle/ghFfFshSZxVjqzDg8